Las inundaciones asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana constituyen un ejemplo reciente de las consecuencias sanitarias de los desastres naturales, especialmente en medicina intensiva. El estudio multicéntrico realizado en 9 unidades de cuidados intensivos (UCI) muestra que la carga asistencial tras las inundaciones no se debió principalmente a víctimas directas, sino a efectos indirectos en los pacientes vulnerables. La mayoría de los ingresos estuvieron relacionados con descompensaciones de enfermedades crónicas, retrasos diagnósticos o dificultades en el acceso al sistema sanitario, evidenciando que la interrupción de la continuidad asistencial es uno de los principales determinantes del deterioro clínico en este tipo de catástrofes1.

Este patrón no es exclusivo del contexto local. Experiencias internacionales han demostrado de forma consistente que los desastres naturales no solo se asocian a la morbimortalidad directa, sino que generan un aumento de la demanda asistencial diferida, incrementando la mortalidad de los pacientes con enfermedades crónicas, y empeorando los resultados a largo plazo2. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud considera la preparación y gestión ante emergencias como uno de los componentes clave para proteger los sistemas sanitarios frente al cambio climático, especialmente en entornos con mayor vulnerabilidad3.

Las consecuencias de las catástrofes no dependen únicamente del número de pacientes, sino de la capacidad del sistema para responder. La gestión de la capacidad en las UCI se basa en el equilibrio entre recursos disponibles y demanda asistencial; su alteración conduce a situaciones de tensión en las que la calidad de la atención puede verse comprometida. La preparación ante estos escenarios constituye, por tanto, el eje central de la organización de las UCI modernas4.

La respuesta eficaz no se limita a incrementar el número de camas, sino que requiere garantizar la disponibilidad de personal cualificado, equipamiento, sistemas de monitorización y estructuras organizativas capaces de adaptarse de forma dinámica a la demanda. Este enfoque ya se puso de manifiesto durante la pandemia por SARS-CoV-2, donde la expansión estructural sin el soporte adecuado evidenció importantes limitaciones del sistema. En los desastres naturales, esta situación puede agravarse, ya que la infraestructura puede permanecer intacta mientras la operatividad del sistema se ve comprometida por problemas logísticos, de transporte o de disponibilidad de profesionales5.

A esta complejidad organizativa se suma la necesidad de tomar decisiones en contextos de escasez. Las guías internacionales establecen que, en situaciones de crisis, puede ser necesario implementar sistemas de triaje para priorizar el acceso a cuidados intensivos, aunque existe aún escasa evidencia que oriente estas decisiones. Esta realidad expone a los profesionales a una elevada carga ética y a situaciones de distrés moral, especialmente cuando la asignación de recursos implica limitar el acceso a determinados pacientes6.

En esta línea, una revisión reciente identifica múltiples obstáculos en la atención de pacientes críticos durante desastres, entre los que destacan la escasez de recursos, los fallos de infraestructura y las deficiencias en la planificación. También señala problemas en la coordinación, el triaje y la gestión ética, junto con el impacto del aumento de la demanda y el agotamiento del personal sanitario. Como acciones de mejora, propone reforzar la preparación hospitalaria mediante formación específica, marcos legales claros y una comunicación más eficaz entre los distintos niveles asistenciales7.

En paralelo, el cambio climático no solo incrementa la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, sino que está modificando el perfil epidemiológico de los pacientes críticos. Se ha observado un aumento de enfermedades infecciosas emergentes, infecciones transmitidas por vectores y resistencia antimicrobiana, además de una mayor gravedad de infecciones virales favorecida por la contaminación del aire. El incremento de las temperaturas también se traduce en un aumento de casos de estrés térmico y golpes de calor, enfermedades asociadas a una elevada mortalidad en las UCI. Asimismo, el calor extremo favorece la aparición de complicaciones cardiovasculares, insuficiencia renal aguda, alteraciones hidroelectrolíticas y exacerbaciones respiratorias. Por otro lado, la contaminación atmosférica contribuye al desarrollo y agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, incrementando el riesgo de eventos críticos como infarto de miocardio, ictus o síndrome de distrés respiratorio agudo, además de un impacto creciente sobre la salud mental8.

Sin embargo, el desafío al que se enfrenta la medicina intensiva es aún más profundo. En el contexto del Antropoceno, el propio sistema sanitario contribuye de forma significativa al cambio climático. Se estima que representa aproximadamente el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, siendo las UCI uno de los entornos con mayor consumo de recursos y generación de residuos.

Esta realidad plantea un conflicto ético fundamental: cómo equilibrar la prestación de una atención altamente tecnológica y dependiente de recursos con la necesidad de reducir su impacto ambiental. En este sentido, la sostenibilidad deja de ser un objetivo opcional para convertirse en un imperativo ético y profesional, constituyendo una dimensión esencial de la calidad asistencial.

La integración de la sostenibilidad en la práctica de la medicina intensiva implica actuar en múltiples niveles: optimización del uso de recursos, reducción de residuos, mejora de la eficiencia energética y reconsideración de prácticas clínicas de bajo valor9. Estas estrategias no solo contribuyen a disminuir la huella de carbono, sino que también pueden mejorar la eficiencia del sistema y reforzar su resiliencia ante situaciones de crisis. Diversas sociedades científicas han comenzado a establecer marcos conceptuales y recomendaciones dirigidas a facilitar esta transición en las UCI10.

Los desastres naturales vinculados al cambio climático están, por tanto, redefiniendo los retos de la medicina intensiva, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a la organización sanitaria y a la toma de decisiones en contextos de escasez, en un escenario donde el propio sistema sanitario también contribuye al problema.

Ante este nuevo paradigma, la medicina intensiva se posiciona como un pilar clave en la respuesta a las catástrofes y debe evolucionar hacia un modelo más resiliente, eficiente y sostenible. Los intensivistas no solo deben estar preparados para afrontar sus consecuencias, sino también asumir un papel activo en la mitigación de sus causas, garantizando así la viabilidad de la atención del paciente crítico en el siglo XXI y en el futuro.