La actual pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, representa un desafío sin precedentes para todo el sistema sanitario, y más especialmente para las unidades de cuidados intensivos (UCI), dado que en los casos más severos puede complicarse con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), sepsis/shock séptico y fallo multiorgánico, incluyendo daño renal agudo y daño cardíaco1.

Efectivamente, mientras que la mayoría de las personas con COVID-19 desarrollan una enfermedad leve o no complicada, los datos iniciales de China reportan que aproximadamente el 14% desarrollan una enfermedad grave que requiere hospitalización y el 5% requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI)2. En Lombardía, donde la capacidad total de las UCI previa a la crisis era de aproximadamente 720 camas (2,9% del total de camas de hospital en un total de 74 hospitales, con una ocupación del 85 al 90% durante los meses de invierno), a las dos semanas del inicio del brote se han visto desbordados, dado que los pacientes ingresados por COVID-19 en las UCI eran ya 556 (equivalente al 12% del total de casos positivos y el 16% de todos los pacientes hospitalizados)3.

La experiencia en otros países, así como la realidad que ya se está viviendo en algunos de nuestros hospitales, hace evidente el desequilibrio entre el volumen de personas con necesidad de asistencia ventilatoria invasiva y la disponibilidad efectiva de medios. Según datos recientemente publicados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)4, el número de camas de UCI en España se estima en aproximadamente 3.600, equivalente a una ratio de 7,7 camas por 100.000 habitantes (por las 29,2/100.000 habitantes de Alemania y las 4,2/100.000 habitantes de Portugal, para poner dos ejemplos próximos)5. A día de hoy (22/03/2020), el número de pacientes (incidencia acumulada) con COVID-19 que ha requerido de UCI en España es ya de 1.7856.

La encrucijada entre este previsible incremento de necesidades de atención intensiva y la limitación de recursos es muy probable que nos conduzca a una situación de «medicina de catástrofe», donde se generarán decisiones éticas especialmente difíciles en la asignación de recursos y priorización de personas. Esta realidad puede condicionar, a corto y a medio plazo, un impacto significativo tanto para los pacientes y sus familias como para los profesionales asistenciales que a veces puede resultar tanto o más catastrófico que la propia enfermedad7.

Ante la necesidad de un marco para la toma de decisiones éticas difíciles que esté basado en criterios sólidos, principios éticos fundamentales y la prestación equitativa y justa de servicios, desde el grupo de ética de la SEMICYUC se ha promovido un consenso con el objetivo de guiar y dar apoyo a los profesionales en esta situación tan compleja.

Dada la imperiosidad de la situación actual, se ha planteado una metodología ágil y con vocación resolutiva en 3 etapas:

• 1.

  Síntesis rápida de la bibliografía publicada sobre ética en la toma de decisiones en situaciones excepcionales de crisis relacionadas con antecedentes pandémicos.

• 2.

  Elaboración de un documento de consenso no sistemático online entre los profesionales del grupo de ética SEMICYUC y profesionales expertos del ámbito de la bioética, la geriatría y los cuidados paliativos.

• 3.

  Consenso de un documento marco de recomendaciones generales con sociedades científicas e institutos/cátedras de ética, así como otras organizaciones.

Hasta donde conocen los autores, esta es la primera publicación en la literatura científica de un consenso —por otro lado extraordinariamente amplio— de recomendaciones éticas para la toma de decisiones difíciles en la UCI en situaciones de crisis por pandemia. Si bien pueden existir algunas limitaciones derivadas de la premura con que se ha tenido que llevar a cabo, la metodología utilizada en tres etapas ha generado una propuesta ordenada y rigurosa.

En primer lugar, se ha constatado una cierta carencia de referencias bibliográficas específicas sobre ética en crisis epidemiológicas. A pesar de ello, es destacable que la mayor parte de las publicaciones hacen énfasis tanto en la necesidad de dotar de premisas éticas todo el proceso de asignación de recursos como en la necesidad de ofrecer alternativas de calidad para la paliación de los síntomas en caso de mala evolución16.

Por otro lado, también resulta llamativa la necesidad de aplicar el principio de justicia de forma uniforme a todas las personas, y no de forma selectiva a las personas de perfil geriátrico o con problemas crónicos de salud8. Así pues, aunque existe consenso en que hay que intentar maximizar tanto el número de personas beneficiadas como la supervivencia libre de discapacidad al alta hospitalaria y el número de años de vida salvados, la mayor parte de artículos invitan a desvincular la decisión de asignación en base a la edad cronológica de la persona como única estrategia, abriendo la puerta a la necesidad de valorar otras variables, como el grado de fragilidad, equivalente a la «edad biológica» de la persona19,20.

Finalmente, más allá de desarrollar estrategias proactivas escalonadas basadas en las estimaciones epidemiológicas, el conocimiento clínico y la optimización de los recursos, el proceso de planificación de una crisis de salud pública requiere una reflexión sobre los valores, como la responsabilidad, la inclusividad, la transparencia, la sensibilidad o la razonabilidad7. Los marcos éticos como el descrito permiten orientar a los profesionales asistenciales y a las autoridades en el difícil proceso de toma de decisiones, hecho que puede ayudar finalmente a reducir los daños colaterales12.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.