Escudero et al. han comentado el caso de un paciente con síndrome de hipertensión intracraneal al que se le realiza una craniectomía descompresiva y acaba siendo donante de órganos1. La craniectomía evita que el paciente evolucione rápidamente hacia muerte encefálica, pero fracasa al no propiciar una recuperación neurológica. Ante el pronóstico catastrófico, los profesionales se plantean interrumpir la asistencia ventilatoria. Finalmente, para maximizar las posibilidades de la donación optan por facilitar la muerte por criterio neurológico comprimiendo con un vendaje la masa cerebral previamente liberada de la presión gracias a la craniectomía. Justifican esta intervención sobre la base de que la craneoplastia con vendaje puede ser considerada «éticamente similar a otras formas de limitación del tratamiento de soporte vital» y de que «añade un innegable valor social ya que facilita la donación de órganos para trasplante».

El caso plantea tres interrogantes. En primer lugar, ¿puede el uso de un vendaje compresivo con el fin de provocar un daño neurológico total e irreversible considerarse una limitación del tratamiento de soporte vital? Por su propia naturaleza, el vendaje no es ni una limitación terapéutica ni una limitación de técnicas de soporte vital. Tampoco está clínicamente indicado. Involucra una acción motivada por la intención de provocar una muerte encefálica y que acaba provocándola. El carácter activo, la intención y la causalidad son criterios comúnmente invocados para distinguir las conductas médicas que causan la muerte de las que simplemente dejan morir. Caracterizar la craneoplastia con vendaje como una limitación del tratamiento de soporte vital constituye una contorsión semántica para referirse a una muerte médicamente asistida o inducida. Recurrir a ficciones morales para que las decisiones sobre el final de la vida no violen la norma tradicional que prohíbe causar la muerte (máxime si es para facilitar la donación) seguramente evita la alarma social, pero crea confusión y escamotea el debate normativo y la deliberación que deben acompañar a estas prácticas2.

En segundo lugar, el paciente aún conservaba ventilación espontánea y mínima actividad cortical. Daños análogos –o mayores– padecen quienes se encuentran en estado vegetativo permanente. ¿Considerarían los autores aceptable llevar a cabo acciones análogas sobre otros enfermos sin posibilidad de recuperación neurológica, para que sus órganos pudieran ser extraídos?

Por último, ¿bajo qué condiciones es aceptable tratar a un individuo que todavía no ha fallecido como un medio para que se convierta en donante de órganos? ¿Es aceptable realizar intervenciones que no pueden beneficiar a ese individuo sin su consentimiento explícito? ¿Cómo asegurar que las decisiones sobre el final de la vida en un paciente se adoptan independientemente de toda decisión acerca de la donación para que esta opción no comprometa los cuidados que se le deben?3–5. En el caso comentado, la perspectiva de la donación condiciona la opción por el vendaje. Esto no resultaría problemático si el propio paciente hubiera consentido de forma válida ese modo de morir y ese destino para sus órganos. Sin embargo, el paciente no disponía de instrucciones previas y tampoco consta que sus preferencias fueran exploradas a través de su familia, que solo fue informada a posteriori de las razones de la decisión adoptada por el equipo y de sus posibles consecuencias. Coincidimos con los expertos en ética consultados en que «los profesionales sanitarios implicados deben realizar todo lo posible para que se pueda cumplir su voluntad [del paciente]».